Los actos ilegales se refieren a actos de organismos estatales, empresas, instituciones, grupos sociales o ciudadanos que violan las disposiciones de la ley, teniendo como resultado la destrucción de las relaciones sociales y del orden social protegido por la ley, y deben soportar responsabilidad legal según la ley. La conducta ilegal se refiere a un estado en el que un sujeto específico comete un acto que entra en conflicto con las leyes existentes, causando el daño correspondiente y es evaluado negativamente por la ley. Los actos ilícitos se pueden dividir en infracciones penales, infracciones civiles e infracciones administrativas según su naturaleza y grado de daño.
Las infracciones penales, es decir, delitos, se refieren a conductas que violan las leyes y normas penales y deben ser castigadas conforme a la ley. El delito es más perjudicial para la sociedad, por lo que es el tipo de delito más grave.
Las infracciones civiles se refieren a violaciones de leyes y reglamentos civiles (incluidos el derecho civil, el derecho laboral y otros reglamentos departamentales). Como no cumplir con las obligaciones civiles sin motivos justificables o violar las obligaciones civiles y causar algunas pérdidas a la otra parte, etc. Las infracciones administrativas se refieren a infracciones de las normas administrativas. En concreto, incluye dos situaciones: en primer lugar, las infracciones a las normas administrativas por parte de ciudadanos y personas jurídicas; en primer lugar, las infracciones leves o disciplinarias por parte de los trabajadores estatales en el desempeño de sus funciones.
Base jurídica: Artículo 13 de la "Ley Penal de la República Popular China" Todas las actividades que pongan en peligro la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad, dividan el país, subviertan el poder de la dictadura democrática popular y derroquen el sistema socialista, destruir el orden social y el orden económico, la infracción de la propiedad estatal o de la propiedad colectiva de los trabajadores, la infracción de la propiedad privada de los ciudadanos, la infracción de los derechos personales de los ciudadanos, los derechos democráticos y otros derechos, y otros actos que ponen en peligro a la sociedad y deben ser castigados conforme a la ley, son todos delitos, pero si las circunstancias son evidentemente menores y el daño no es grande, no se consideran delitos.